Otro tipo de daños, ocasionados por las sanciones de EE. UU., fueron evidenciados ante la CPI.

CARACAS, agosto 25.— Ochenta y cinco municipios del país han sido afectados por intensas lluvias que han tenido su mayor impacto en el estado de Mérida, razón por la cual se emitió el decreto de Emergencia y se destinaron los recursos necesarios en bolívares y criptomonedas para dar respuesta inmediata a la población, reseñó Venezolana de Televisión.

La decisión fue dada a conocer por el presidente Nicolás Maduro, quien ordenó el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Protección Civil para atender a las comunidades afectadas por las intensas precipitaciones.

Durante una reunión con miembros de su gabinete para atender la emergencia climática, el mandatario informó que el exceso de lluvias ha dejado un balance parcial de 8 000 viviendas destruidas a nivel nacional, con más de 35 600 personas resguardadas por los organismos públicos, precisó PL.

Ciento dieciséis sistemas viales presentan afectaciones, incluidos diez puentes comprometidos, en tanto se reportan daños en estaciones de generación y distribución de energía eléctrica y suministro de agua potable en algunas localidades, indicó el Jefe de Estado.

Según indicó Maduro, ha caído un 65 por ciento más de lluvia que en los períodos invernales anteriores. Además de Mérida han sufrido afectaciones los estados de Amazonas y Bolívar, en el sur; Apure y Barinas (suroeste), Delta Amacuro (este), Monagas (noreste), el Distrito Capital y Aragua (centro-norte) y Táchira y Zulia (occidente).

Evidencias del bloqueo ante la Corte Penal Internacional

La adversidad climática es enfrentada en medio de las tensiones económicas que siguen originando las medidas punitivas de Washington contra Venezuela, y que la nación denunció el pasado lunes en un informe presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Los datos fueron desgranados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez la víspera en conferencia de prensa para el país, y explicitan que 150 empresas venezolanas dedicadas a la producción, la importación y la prestación de servicios en sectores fundamentales de la vida son afectadas por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos.

Dichos efectos permiten calificar la política estadounidense como la ejecución deliberada y continuada de un crimen de lesa humanidad, puntualizó la vicemandataria, quien detalló que de esas 150 empresas diez son del Estado y 140 pertenecen al sector privado y se dedican a la producción e importación de medicinas y alimentos, así como a prestar servicios fundamentales como distribución de agua potable, gas doméstico, combustibles y electricidad, reportó Russia Today.

También resaltó que las sanciones han provocado que empresas extranjeras y gobiernos de 26 países se abstengan de establecer relaciones comerciales con Venezuela, bien sea con el Estado o con empresas privadas, por temor a ser castigados por EE. UU.

Además, el bloqueo decretado por EE. UU. contra su país se evidencia en los miles de millones de dólares del Estado congelados por la banca internacional, a pesar de que estaban destinados a la adquisición de insumos médicos, alimentos y vacunas para niños.

Afectaciones al servicio de agua potable, al suministro de alimentos y la salida del país de 15 compañías que producían medicamentos por temor a las sanciones, fueron mencionadas también por Rodríguez, quien apuntó que la política de asedio económico de EE. UU. ha provocado una caída de ingresos en divisas del 99  por ciento, el despojo de 31 toneladas de oro por parte del Reino Unido y decenas de sanciones contra buques y aeronaves al estilo de las que se aplican contra Petróleos de Venezuela, para impedir que exporte o importe todo lo relacionado con el sector energético y de combustibles.